La transparencia administrativa refiere a un deber muy específico que se relaciona con la claridad, fidelidad y moralidad, que debe prevalecer en toda actividad de la administración pública. De hecho, es un principio consagrado en la carta magna de varias naciones democráticas. De esta manera, se han dictado leyes que regulan todo lo relativo a la función de transparencia y control social.
Al igual que otros países, Colombia y Ecuador han aprobado leyes sobre transparencia administrativa, acceso a información pública y buen gobierno. Sin embargo, se han presentado ciertos desafíos prácticos para su cumplimiento. Todo ello respecto al derecho de acceso a la información administrativa, tanto en lo funcional como en lo organizativo.
Básicamente, esta situación ha sido observada en todos los países que han implementado leyes en materia de transparencia. La sociedad democrática moderna demanda estar informada para ejercer efectivamente su derecho a participar en los asuntos públicos. Esencialmente, la cantidad y calidad de información que sea difundida es la que determina esa cultura democrática.
En consecuencia, la administración pública debe presentar en forma clara y fácilmente accesible, los variados temas a la colectividad. De esta manera, estará reforzando el control democrático de la gestión administrativa.
Sin duda alguna, la transparencia administrativa en la actualidad, representa un elemento indispensable de los modernos sistemas democráticos. Por consiguiente, ya quedó atrás la frase justificativa “razón de estado” o “secreto de estado”, totalmente incompatibles con las últimas tendencias.
Por muchos años la administración pública rechazó la información, el diálogo y la apertura al público. Todo ello, amparado en la “buena gestión pública”, la “eficacia administrativa” y, hasta en la “seguridad del estado”. La ausencia del derecho a la información y la noción imprecisa sobre la discreción profesional, generaron la práctica del “secreto administrativo”.
Sin embargo, la sociedad, en aras de la transparencia administrativa, debe conocer los documentos a los que necesita tener acceso. Además, de otras informaciones y datos que pueden ser útiles para su desarrollo y crecimiento.
Primeramente, surgió el llamado “secreto administrativo”, sustituido luego por lo que se denominó “publicidad de la acción administrativa”. Posteriormente, la transparencia administrativa vino a impulsar un movimiento de apertura de la Administración hacia el exterior.
La transparencia como concepto contempla tres facetas:
- Derecho de saber.
Como la Administración actúa en razón del interés público, ciudadanos, organizaciones y empresas tienen el derecho de saber qué ocurre dentro de ella. Especialmente, esto obedece al hecho de que la misma está al servicio de la colectividad.
- Derecho de control.
Paralelamente al derecho de saber está el de controlar. Primeramente, con el objeto de comprobar la oportunidad y la legalidad de las decisiones de los órganos administrativos. Del mismo modo, se aplica el control para determinar cómo son utilizados los dineros públicos.
- El derecho ciudadano de ser un actor y no un simple espectador.
El ciudadano, las organizaciones y hasta las empresas han dejado de ser un “administrado” para ser un usuario o cliente de la Administración. También se afirma que los ciudadanos, son una especie de “patronos” de aquellos que trabajan en el Sector Público. Por tanto, este último está obligado a rendir cuentas ante aquellos. En consecuencia, debe entenderse la Administración como el verdadero servicio público.
Derechos a considerar para que la transparencia administrativa sea efectiva.
- Los usuarios tienen el derecho de acceso a los expedientes de la Administración, ya que los mismos no son propiedad de ésta. Por lo tanto, esos expedientes deben estar a la disposición del escrutinio de la colectividad.
- Los ciudadanos tienen el derecho de saber el por qué de las decisiones de la Administración. Esto es, incluyendo los procesos que implican sus actuaciones. Además del derecho a conocer los expedientes administrativos.
- Para que la transparencia administrativa sea más efectiva, los ciudadanos deben participar en los procedimientos de la administración. A esto se le conoce como derecho de participación.
Merece mención especial aclarar que la transparencia administrativa no trata solamente de dar contenido a una posición subjetiva. Por el contrario, debe considerarse como la mayor exigencia para el buen orden administrativo. De igual forma, refiere a un criterio objetivo derivado de los mandatos de una buena administración y de buen funcionamiento. Al mismo tiempo que demanda una objetividad clara. Por encima de la discrecionalidad de los funcionarios de la Administración.
Existe una tendencia de los gobiernos a esconder información, hasta el punto que cuando es descubierta ocasiona daños irreparables. Por lo que, todo ciudadano que aspire ocupar un cargo de funcionario público debe acatar las regulaciones sobre transparencia administrativa. Especialmente, si ocupará posiciones con cierto nivel jerárquico, recordando que sólo será por un periodo limitado de tiempo. Tras el cual será luego sustituido. En consecuencia, las cosas que haya evadido o escondido, serán conocidas y será sometido a sanciones legales y al castigo moral.
Sancionar una ley que busque la transparencia no es suficiente. De hecho, tiene muchas ventajas, pero también enfrentará otras leyes de carácter especial que privan sobre las de carácter general. De esta manera, ya varios países cuentan con leyes especiales sobre transparencia administrativa. Por consiguiente, el tema es si los gobiernos y los funcionarios de la administración respetan o acatan las mismas. Entonces, deberán prevalecer los principios y valores personales sobre ética, honestidad e integridad.
Hasta este punto, se ha disertado sobre la transparencia administrativa a nivel público. Y, ¿Qué pasa a nivel de la administración privada? Esencialmente, una empresa bien estructurada si desea alcanzar sus objetivos fundamentales, deberá respetar la transparencia en su gestión. Para ello debe aplicar las mejores prácticas de administración y gerencia, estableciendo un adecuado sistema de control interno. Principalmente, para prevenir riesgos relacionados con fraude, que impliquen mal manejo administrativo y financiero, y el uso ilegal de la información del negocio.
Así como la administración pública es regulada por las respectivas leyes y demás normativas y procedimientos, las empresas también hacen lo suyo. Por tanto, establecen sus normas para garantizar una gestión administrativa sana, eficiente y eficaz. En ambos casos se busca la transparencia administrativa como la mejor práctica.
Debe destacarse que el carácter democrático de los gobiernos y la confianza de la colectividad en sus decisiones, es reforzada por la transparencia administrativa en sus procesos.
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